Comisiones Obreras de Canarias

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martes 11 de octubre de 2016

Renta mínima de subsistencia

Los últimos datos sobre pobreza en Canarias cifran en torno al 29 por ciento casi siete puntos por encima de la tasa estatal, en las estimaciones más optimistas, el porcentaje de población que en Canarias vive en situación de pobreza.

Renta Mínima

Renta Mínima

Lo cierto es que en los años de crisis, a la vez que crecía el número y el patrimonio de los que superaban el millón de euros, se ha extendido el mapa de la pobreza entre sectores de la población que frente a lo que podría creerse no solo incluyen a trabajadores y trabajadoras desempleadas o infraempleados como está empezando a ocurrir con personas que incluidas entre la población empleada no consiguen salir de los denominados umbrales de la pobreza. Por el contrario en esta cifra también están incluidos una cantidad considerable de pequeños y medianos empresarios que vieron arruinarse sus empresas y negocios, situación agravada por el endeudamiento producido en el intento de salvar su actividad y por la carencia de mecanismos de protección social como la prestación por desempleo que sólo ha protegido a un pequeño porcentaje de los autónomos y de manera completamente insuficiente.

En nuestra opinión esta situación tiene un origen concreto en la recesión económica fruto del derrumbe de la mitad del binomio de actividad que sostenía nuestro crecimiento y nuestra actividad económica, por la propia naturaleza de la economía y la dimensión de las empresas canarias y por las medidas concretas que se han tomado frente a la crisis que básicamente han consistido en asegurar las tasas de beneficios de eso que se denominan en abstracto inversores o mercados deteriorando para ello hasta niveles que nos parecen insostenibles la calidad de vida, el empleo y el sistema productivo de Canarias.

La obligación constitucional de las administraciones públicas de garantizar el fin social de la riqueza y por tanto sus mecanismos de reparto es especialmente exigible en situaciones como la actual donde gran parte de la llamada clase media sigue reduciéndose para crecer exponencialmente la pobreza y la exclusión social. De no hacerse ningún esfuerzo en ese sentido continuaremos en un bucle permanente que deteriora la calidad de vida y la capacidad de compra de decenas de miles de personas que son excluidas del mercado lo que incrementa las dificultades para un porcentaje importante de las pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayor parte de nuestro tejido productivo puedan sobrevivir, empeorando la situación del consumo y la demanda interna en un círculo vicioso que es preciso romper con una intervención pública firme y decidida.

Es imposible determinar el  número de personas que viven en esta situación y todo lo que podemos utilizar para hacernos una idea aproximada son estadísticas  mas o menos fiable que a su vez se ponderan con otras estadísticas también relativamente fiables por lo que procederemos a basar nuestra propuesta en aquellos valores más aceptados colectivamente y siempre desde un criterio de prudencia que parte del principio de que resulta imposible abordar la totalidad del problema desde una sola vertiente y desde una solución única y mágica que revierta siete años de profundo deterioro de la realidad económica.

Ciframos desde ese criterio en alrededor de unas treinta mil las unidades familiares que en Canarias no disponen de ningún tipo de renta y hablamos de unidades familiares porque creemos que con las posibilidades presupuestarias de la comunidad autónoma resulta utópico plantearse la cobertura universal de la renta de subsistencia amén de que en el parlamento estatal ya se ha registrado una iniciativa popular, con más de setecientas mil firmas de apoyo, encaminada a crear este tipo de renta.

Ciframos esta denominada renta de subsistencia en unos seis mil euros anuales por unidad familiar lo que significa que en con una cantidad aproximada a los sesenta millones de euros podríamos cubrir aproximadamente a un tercio de las familias en esta situación.

Simultáneamente con la renta planteamos que en los planes de empleo social financiados por las políticas de empleo y para aquellos puestos de trabajo que no requieran una cualificación concreta se de prioridad a las personas provenientes de estas unidades familiares con lo que se permitiría el acceso a una renta mínima equivalente al menos al Salario mínimo interprofesional para otro porcentaje de esas unidades familiares.

Por otro lado proponemos y también a cargo de las políticas activas de empleo la generación de becas destinadas a jóvenes de entre 18 y 25 años dirigidas a financiar la finalización de titulaciones de formación profesional reglada.

Por último un adecuado trabajo contra la economía sumergida es aparte de un mecanismo eficiente y útil contra el fraude en la percepción de este tipo de rentas un procedimiento necesario para eliminar otro porcentaje de esas unidades familiares de la necesidad de nuevas prestaciones una vez se haya aflorado y regularizado la situación laboral y en consecuencia lso ingresos de la unidad familiar.

La incompatibilidad de la percepción de los beneficios de estas medidas conlleva que en un primer esfuerzo podamos cubrir, según nuestra estimación más prudente, algo más de la mitad de estas unidades familiares a incorporar al consumo y al mercado a cerca de cincuenta mil personas.

Somos conscientes de los problemas financieros de las administraciones públicas como somos conscientes de que la naturaleza de estos problemas ya no es la misma que pudiera haber justificado en años anteriores la política de recortes sistemáticos de los recursos públicos y de los mecanismos de distribución de la riqueza. Proponemos una actuación conjunta y decidida frente a la pobreza y la exclusión social pero también dinamizadora del consumo y la demanda interna, una actuación que requiere la acción conjunta leal y coordinada de todas las administraciones porque en el seguimiento y aplicación de estas medidas es primordial el papel de instituciones como los ayuntamientos verdaderos receptores de la demanda de protección social y conocedores cercanos de la situación de las familias en sus municipios.
Estamos en condiciones de hacerlo y ha llegado el momento de trasladar a esos sectores de nuestros conciudadanos y conciudadanas el mensaje de que no están solos, de que la sociedad moderna y avanzada que hemos construido tiene mecanismos y recursos para rescatarlos de la exclusión y que a partir de este primer acuerdo de concertación social su rescate se convierte en prioridad absoluta de las instituciones democráticas y de los agentes económicos y sociales.

Renta mínima de subsistencia

martes 11 de octubre de 2016

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