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lunes 8 de enero de 2018

El empleo y la cualificación de las personas jóvenes debe ser una prioridad

Los trabajadores y trabajadoras jóvenes han sufrido con especial intensidad la crisis. La mitad de los que tenían empleo hace diez años lo han perdido, y solo uno de cada diez percibe una prestación por desempleo. El resto no lo tiene tampoco fácil, la precariedad y los contratos temporales es lo habitual.

Jovenes

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Una de las primeras decisiones que adoptó la ministra de Empleo tras su nombramiento fue poner en marcha un sistema de ayudas, financiado por la Unión Europea, para que los jóvenes se desplazaran a otros países europeos en busca de trabajo. Toda una declaración de intenciones: la única puerta que se abría a nuestros jóvenes para encontrar empleo era una invitación a marcharse. Muchos han se han visto forzados a hacerlo.

Entre el tercer trimestre de 2008 y el de 2017 hay casi dos millones de personas menos de entre 16 y 29 años: los 8.083.342[1] jóvenes de 2008 se han reducido a 6.183.811 en 2017. La natalidad y la emigración han provocado un descenso de la población joven del 23,5% de los jóvenes, uno de cada cuatro. De estos 1,9 millones de personas, un millón corresponden al período 2011 - 2017.

Las cifras de jóvenes menores de 30 años por sexo señalan que la diferencia más significativa se produce en relación con apartado de actividad "resto de inactivos", en el que las mujeres representan el 60,4%. En esta categoría está el apartado "labores del hogar", 281.593 personas, de las que 204.195 son mujeres, el 72,5%. Esta relación con la actividad implica una tasa de empleo del 38%, una tasa de paro del 31% y una tasa de actividad del 55,1%. Es decir, poco más de uno de cada dos jóvenes es activo, y de estos uno de cada tres no encuentra trabajo.   

Desde el inicio de la crisis, más de 2,1 millones de jóvenes han perdido su trabajo, la mitad de los que tenían empleo. La comparación con 2011 permite una reflexión sobre el análisis del comportamiento del mercado de trabajo que no se realiza con frecuencia. Si el análisis se centra en afirmar que "ha bajado el paro un 35%", no se miente, pero se deja en la opinión pública una impresión de que se ha conseguido algo "bueno", que es falsa. Cuando se produce una pérdida de empleo, y más si esta es muy importante, como así ha sido, y baja el paro, lo que ocurre es una pérdida de actividad y, según crezcan el número de personas inactivas, de población. Este es un fenómeno que se produce con cierta frecuencia, sobre todo cuando se analizan los datos mensuales de paro registrado y de afiliación que, dada la claridad con que ocurre en estos trimestres, se aprovecha para destacarlo. Hay una pérdida de población del 14% que es lo que permite la disminución del paro porque no se crea empleo. Cuando disminuye el paro sin que aumente el empleo, necesariamente o hay pérdida de población o aumento de personas inactivas. No es algo a celebrar.

En la actualidad hay más de un millón de jóvenes que buscan empleo (un tercio son parados de larga duración).  Si nos fijamos en el tipo de formación de las personas paradas, el 61% de todas ellas carece de formación de tipo profesional. Es decir, no ha estudiado o no tiene reconocidas competencias profesionales que le habiliten para trabajar en determinadas ocupaciones. Significa que precisan de una formación para el empleo que les facilite y certifique esas competencias.
Otro dato importante es el que pone de relieve que solamente una de cada diez personas jóvenes percibe una prestación por desempleo. O que 577.278 personas, además de carecer de prestaciones, tampoco tienen formación de tipo profesional. En este caso o, al menos para ellas, cuando se incorporen a procesos de certificación o consecución de competencias sean de tipo profesional o claves, debería establecerse una ayuda o prestación vinculada a esa misma formación equivalente a un subsidio. Esto ayudaría a evitar el abandono de ese proceso de formación por un trabajo de corta duración. 

Es preciso analizar qué políticas activas se están implementando y qué fondos se destinan a ellas cuando una de cada cuatro personas jóvenes paradas lleva más de un año en paro y carecen de formación de tipo profesional. Es el caso de 248.167 personas. Además de estas deberían estar incluidas en los objetivos prioritarios en materia de formación, las 209.690 personas jóvenes que carecen de formación de base y precisan acreditar competencias clave para acceder a certificados de profesionalidad de segundo nivel.
Como señalábamos anteriormente, los jóvenes han perdido más de dos millones de empleos desde el inicio de la crisis, de los que más de medio millón se produce en relación con 2011. Una parte es imputable al conjunto del empleo, pero otra al hecho de ser joven, a la edad. Así lo reflejan las cifras de horas trabajadas: entre el tercer trimestre de 2008 y 2017 han disminuido el 11,6% las horas habituales trabajadas, unos 89 millones de horas. Sin embargo, las personas entre 16 y 29 años perdieron el 47,6%, casi 80 millones de horas. Si ese grupo de edad representaba el 21,8% de todas las horas trabajadas, parece obvio que ha perdido muchas más de las que le correspondería por su representación. Este ejemplo lo ratifica: En construcción de edificios, CNAE 41, se han perdido el 66,2% de todas las horas habituales trabajadas en 2008; sin embargo, las personas menores de 30 años han perdido el 87,4%. Han pasado de representar el 21,8%, lo mismo que en la media de actividades, a solamente el 8,1%. De mantener una pérdida proporcional al resto, habría el equivalente a casi veintidós mil jóvenes más trabajando a tiempo completo en esta actividad.

En definitiva, todo lo dicho podría llevar a establecer como objetivo que la proporción de jóvenes en la actividad económica no sea inferior al diez por ciento o al 11,1%, que es la mitad del peso de los jóvenes en el conjunto de las edades. Este objetivo debería traducirse en una norma jurídica que permita establecer discriminaciones positivas cuando no se de dicha proporción (una fórmula podría ser circunscribir los contratos de relevo a este grupo de edad). Asimismo, es preciso establecer procedimientos jurídicos que permitan trasponer estos objetivos en la administración pública, dado que las personas menores de 30 años han pasado de suponer el 10,8% en 2008 al 5,9% en 2017. 

                                             

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lunes 8 de enero de 2018

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